El interminable conflicto docente que vivimos en estos días, así como también la resonante discusión que suscitó el contrato del relator Víctor Hugo Morales con el sistema de medios públicos, son solo algunos de los casos que nos puede ayudar a ejemplificar perfectamente lo mal que nos manejamos nosotros, el Pueblo Gobernante, en el ejercicio de nuestras funciones.
Pero para llegar a nuestra conclusión empecemos por una muy escuchada frase: “yo te pago el sueldo porque pago mis impuestos”. Siempre me cuestioné si semejante premisa era válida o no. Luego me di cuenta que no solo no era correcta, sino que incluso ayudaba a ocultar totalmente las deficiencias de la clase política, dejándonos como cómplices partícipes de los desastres que se hacen con el Estado.
El Pueblo Gobernante, lo que puntualmente hace, es aportar parte del dinero que gana para que pueda funcionar la administración del Estado, la cual es elegida en elecciones regulares. Ésta administración tiene el mandato de asignar ese dinero recaudado a los fines que el mismo Pueblo Gobernante indica a través de sus representantes en el Poder Legislativo correspondiente. Si esos fines no se cumplen, es evidente que hay que reclamarle a quién aceptó la responsabilidad de la administración. Gritar y quejarse ante un empleado público contratado por la administración, pero no por nosotros, desvía nuestro reclamo del verdadero destinatario, vaciándolo totalmente de sentido y eficiencia. El empleado público no responde ante nosotros, porque nosotros no firmamos sus cheques, pero si firmamos los de la administración y es a ellos a quienes debemos dirigir nuestras quejas y reclamos. Contratamos a la administración para que nos dé un servicio, si el servicio no es proporcionado es a ésta a quien le debemos reclamar.
Volviendo a nuestro ejemplo, de nada sirve quejarse con los docentes, ni exponerlos ni intermediar ante sus reclamos. Eso debería quedar reducido al ámbito privado inherente a la relación entre empleado y empleador; como quedaría reducido al ámbito privado entre cliente y oferente nuestro reclamo al administrador ineficiente. Dicho sea de paso, tampoco es entendible que el Estado Nacional se involucre como parte en un conflicto entre gremios docentes y Estados Provinciales. Evidentemente nadie sabe bien que hace, por qué, ni para qué.
¿Deben los chicos estar en clases sin importar las circunstancias? Por supuesto. ¿Deben los docentes suspender sus reclamos para dar clases? No, si no es eso lo que quieren. ¿Cuál es la solución entonces? Esa respuesta la tiene que dar la Administración a la cual se le está pagando por un servicio que no presta. Al Pueblo Gobernante no le interesa como se debe hacer para prestar el servicio, solo sabe que lo tiene que recibir. Toda discusión que exceda estas órbitas puede ser educativa, pero para nada es solucionadora.
La cuestión docente no es más que uno de los conflictos entre terceros que solo refleja la ineficacia e inutilidad de la clase política a la hora de administrar los recursos que aportamos. Reclamarle a los docentes en lugar de a los políticos solo hace que el problema se reitere indefinidamente.
Lo mismo ocurre en nuestro otro ejemplo. Morales está en todo su derecho de negociar el contrato que crea acorde con su empleador, sea este un ente público o no. Luego quedará en nosotros controlar que nuestro administrador haya gastado los fondos que le aportamos en lo que le fue indicado, bajo los mecanismos acordados para cada situación. Es deber de la administración facilitarnos todos los comprobantes, recibos y acuerdos por los cuales se tuvieron que erogar fondos. Es inútil reclamarle al relator que haga públicos documentos que no deberían transcender la esfera privada. Como en el ejemplo anterior, equivocar al actor al cual se deben dirigir nuestros reclamos, solo logra que los verdaderos responsables queden sobreseídos ante la irresponsabilidad de sus actos.
Como en tantas otras ocasiones, el poder nunca deja de estar en nuestras manos. La cuestión es que seamos conscientes de ello.El interminable conflicto docente que vivimos en estos días, así como también la resonante discusión que suscitó el contrato del relator Víctor Hugo Morales con el sistema de medios públicos, son solo algunos de los casos que nos puede ayudar a ejemplificar perfectamente lo mal que nos manejamos nosotros, el Pueblo Gobernante, en el ejercicio de nuestras funciones.
Pero para llegar a nuestra conclusión empecemos por una muy escuchada frase: “yo te pago el sueldo porque pago mis impuestos”. Siempre me cuestioné si semejante premisa era válida o no. Luego me di cuenta que no solo no era correcta, sino que incluso ayudaba a ocultar totalmente las deficiencias de la clase política, dejándonos como cómplices partícipes de los desastres que se hacen con el Estado.
El Pueblo Gobernante, lo que puntualmente hace, es aportar parte del dinero que gana para que pueda funcionar la administración del Estado, la cual es elegida en elecciones regulares. Ésta administración tiene el mandato de asignar ese dinero recaudado a los fines que el mismo Pueblo Gobernante indica a través de sus representantes en el Poder Legislativo correspondiente. Si esos fines no se cumplen, es evidente que hay que reclamarle a quién aceptó la responsabilidad de la administración. Gritar y quejarse ante un empleado público contratado por la administración, pero no por nosotros, desvía nuestro reclamo del verdadero destinatario, vaciándolo totalmente de sentido y eficiencia. El empleado público no responde ante nosotros, porque nosotros no firmamos sus cheques, pero si firmamos los de la administración y es a ellos a quienes debemos dirigir nuestras quejas y reclamos. Contratamos a la administración para que nos dé un servicio, si el servicio no es proporcionado es a ésta a quien le debemos reclamar.
Volviendo a nuestro ejemplo, de nada sirve quejarse con los docentes, ni exponerlos ni intermediar ante sus reclamos. Eso debería quedar reducido al ámbito privado inherente a la relación entre empleado y empleador; como quedaría reducido al ámbito privado entre cliente y oferente nuestro reclamo al administrador ineficiente. Dicho sea de paso, tampoco es entendible que el Estado Nacional se involucre como parte en un conflicto entre gremios docentes y Estados Provinciales. Evidentemente nadie sabe bien que hace, por qué, ni para qué.
¿Deben los chicos estar en clases sin importar las circunstancias? Por supuesto. ¿Deben los docentes suspender sus reclamos para dar clases? No, si no es eso lo que quieren. ¿Cuál es la solución entonces? Esa respuesta la tiene que dar la Administración a la cual se le está pagando por un servicio que no presta. Al Pueblo Gobernante no le interesa como se debe hacer para prestar el servicio, solo sabe que lo tiene que recibir. Toda discusión que exceda estas órbitas puede ser educativa, pero para nada es solucionadora.
La cuestión docente no es más que uno de los conflictos entre terceros que solo refleja la ineficacia e inutilidad de la clase política a la hora de administrar los recursos que aportamos. Reclamarle a los docentes en lugar de a los políticos solo hace que el problema se reitere indefinidamente.
Lo mismo ocurre en nuestro otro ejemplo. Morales está en todo su derecho de negociar el contrato que crea acorde con su empleador, sea este un ente público o no. Luego quedará en nosotros controlar que nuestro administrador haya gastado los fondos que le aportamos en lo que le fue indicado, bajo los mecanismos acordados para cada situación. Es deber de la administración facilitarnos todos los comprobantes, recibos y acuerdos por los cuales se tuvieron que erogar fondos. Es inútil reclamarle al relator que haga públicos documentos que no deberían transcender la esfera privada. Como en el ejemplo anterior, equivocar al actor al cual se deben dirigir nuestros reclamos, solo logra que los verdaderos responsables queden sobreseídos ante la irresponsabilidad de sus actos.
Como en tantas otras ocasiones, el poder nunca deja de estar en nuestras manos. La cuestión es que seamos conscientes de ello.
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